Corrigen en comisiones la reforma de Barbosa contra taxis y grúas pirata

Noticias | viernes 13 de marzo de 2020
Corrigen en comisiones la reforma de Barbosa contra taxis y grúas pirata

Corrigen en comisiones la reforma de Barbosa contra taxis y grúas pirata

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso del Estado corrigió los errores de redacción que tenía la reforma al artículo 190 BIS del Código Penal del Estado de Puebla, que busca castigar hasta con diez años de prisión a los conductores de taxis y grúas “pirata”.

Esto después de que los diputados de oposición “madrugaron” a los de la Cuarta Transformación en la última sesión ordinaria y regresaron a comisiones la iniciativa que presentó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para castigar la prestación del servicio de transporte público y de arrastre sin los permisos correspondientes.

La presidenta de la comisión, María del Carmen Cabrera Camacho, explicó que dentro de estas modificaciones se amplió la justificación de la reforma, que en la sesión pasada fue una de las observaciones que hizo la coordinadora del grupo legislativo del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia.

Las penas propuestas inicialmente se mantuvieron entre ocho meses y seis años de prisión en contra de quien conduzca un taxi o grúa “pirata”, con agravantes de hasta dos terceras partes, es decir, hasta 10 años de cárcel, cuando el conductor de estas unidades sea o trabaje para un concesionario.


TAMBIÉN CORRIGEN LEY DE ESPECTACULARES.- Otra de las reformas que sufrió correcciones fue a la Ley de Medio Ambiente del Estado de Puebla, en la que diputados devolvieron al gobierno estatal el control y administración de anuncios espectaculares en vialidades estatales y federales.

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, envió una nueva reforma para corregir esta ley, debido a que los ayuntamientos no tenían la capacidad de regular espectaculares en todas las vialidades.

Es por ello que la propuesta aprobada en la Comisión de Medio Ambiente reparte las facultades de regulación para que los ayuntamientos conserven sus atribuciones en vialidades municipales y adyacentes, mientras que el gobierno estatal en vialidades estatales y federales.


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